TECHO, TIERRA Y LIBERTAD

Más de 1.800 lotes tomados en los últimos meses encendieron la llama y visibilizaron en Bariloche un problema para el que 5.000 familias no encuentran solución, ni techo. La mayoría de las ocupaciones surgen a partir de la grave crisis habitacional, y de la desproporcionada relación que existe entre el valor de los alquileres, los imposibles precios de terrenos y los salarios de la mayoría de los trabajadores.

Familias enteras de los barrios de Elflein, Peumayén, Levalle, 28 de Abril, Arrayanes, entre otros, de la ciudad de Bariloche, juntaron sus pocas pertenencias, desarmaron su casa y se la llevaron a un nuevo territorio. Es que la casilla otorga la posibilidad de ser fácilmente desarmable y fácilmente trasladable; como el caracol, las familias llevan sus casas al hombro y su pobreza sobre sus espaldas. Muchas de estas viviendas estaban ubicadas en el fondo de otras, y formaban parte de un hacinamiento crítico en relación a la cantidad de habitantes y tierras disponibles que conforman el paisaje de esta ciudad.

Los que no se fueron con sus casas, resolvieron la situación con una prefabricada, “para meterse adentro mientras tanto e ir construyendo de a poco”, como contó un vecino. Las familias se juntaron a trabajar por unos cuantos días y sobre una platea de cemento levantaron sus sueños de no pagar más alquiler y tener una vivienda a base de chapas, y ruberoid; pero vivienda al fin.

El NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) en relación a las viviendas en la ciudad de Bariloche es el más alto en toda la provincia con un 16,57%, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Incluso, más del 10% de los hogares de la provincia se encuentran en “hacinamiento crítico”, es decir, tres o más personas viven en una misma habitación. En muchos casos, la precariedad de la vivienda no es tan importante como el hacinamiento cotidiano de convivir sin divisiones internas, compartiendo los colchones entre las distintas generaciones de una misma familia. Las familias tienen hijos, crecen, pero la vivienda sigue siendo la misma.

En estos barrios los problemas son muchos. En el Arrayanes y el 28 de Abril hay gente que vive a dos cuadras del precipicio. Al barrio INTA todavía se lo conoce como el “asentamiento momentáneo” y hace 40 años que algunos vecinos viven allí. Y ni hablar de todas las casas levantadas sobre el terreno de la Barda, donde la situación producto de un posible desmoronamiento es crítica.

La familia Gómez, se cansó de todo, un día juntó la plata, compró una casa prefabricada usada y se fueron a ocupar. “Al principio uno se quedaba a cuidar mientras la casa se iba haciendo de a poco”, dijo un vecino. Ese quizás es el muro más alto para lanzarse a ocupar un lote, la decisión de ir. Quizás por el miedo, materia prima de las prósperas industrias de la seguridad privada y el control social. Pero los que viven del borde hacia fuera, apiñados en las cornisas tienen poco que perder. Así es como también aprendieron a convivir con los perros que le ladran a los fantasmas del desalojo que merodean por las noches. Con la inseguridad de “no tener papeles”.

Dicen que están contentos. Que hicieron tanto que les parece poco. Y que los chicos crecen bien. Pero tuvieron que rebuscárselas. Así es como calientan sus días con garrafas y leña, tuvieron que pedir engancharse de la luz a un vecino y “pinchar” un caño de agua para conectar una manguera.

Mientras tanto, las empresas se niegan a instalar servicios ¿públicos? si no se presenta el título de propiedad,  y argumentan que a ellos les pueden hacer juicio por conectar un servicio ¿básico?. Ese es el mecanismo de presión utilizado.

Una vez que las familias se instalan, la convivencia entre los viejos ocupantes y los recién llegados, a veces resulta conflictiva y no siempre los esperan con los brazos abiertos, sino que a veces se reproducen los denominadores comunes de la lógica del sistema de la propiedad privada.

Estas tomas, —denominadas “usurpaciones” por los funcionarios de turno—, ocurren principalmente en el Nahuel Hue con 1.500 terrenos ocupados; a los que se le suman 35 terrenos de las Quintas, 35 en Tiro Federal, 50 en Las Muticias, y 75 en Casa de Piedra. A estas tomas se suman las históricas de Villa Lanquihue, INTA, y de distintos puntos en la pampa de Huenuleo.

Un informe presentado en el 2006 por el Centro de Derecho a la Vivienda, denuncia que el derecho a la vivienda en nuestro país es un derecho violado y que los sectores populares son los más desprotegidos y forzados a la ilegalidad. Aunque estos derechos ya estén consagrados desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, a casi 60 años la realidad nos encuentra por la puerta de atrás.  Entonces la pregunta queda en el hall de entrada; ¿Puede utilizarse como función social una propiedad privada sin uso, de manera que deje de ser un derecho absoluto de algunos, para convertirse en algo acorde a las necesidades de la mayoría de la población?