Cinco años han pasado sin que ninguno de los responsables políticos hayan sido imputados por el fiscal Miguel Angel Osorio, a cargo de la causa, por el doble crimen de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, algo que era previsible. Sin embargo, enerva los ánimos que Duhalde, con su libro y la repercusión mediática que ha tenido –los grandes medios hablaron del engendro sin hacer mención alguna a la oscura trayectoria del gran padrino del PJ bonaerense—, esté preparando el camino para volver al ruedo de la política grande. Esto, como si José Luis Cabezas, Darío Santillán o Maximiliano Kosteki, o las por lo menos siete personas que fueron heridas de bala durante los sucesos en el puente Pueyrredón, o las casi 200 que fueron detenidas y sufrieron apremios ilegales, no hayan formado parte del tendal de víctimas que vienen dejando Duhalde y sus súbditos. Entre ellos no hay que olvidar al actual ministro del Interior K, Aníbal Fernández, que sigue siendo un duhaldista de la primera hora. Fue Secretario General de la Presidencia durante la gestión Duhalde y antes había sido ministro de Trabajo del ex gobernador bonaerense Carlos Ruckauf. El hoy ministro del Interior fue otro de los que no dara la cara en el juicio por la Masacre de Avellaneda.

Una historia negra


La “mano dura” contra los piquetes de trabajadores desocupados había comenzado el 6 de febrero de 2002, en el Jagüel, cuando Jorge “Batata” Bogado, puntero político del intendente menemista Alejandro Granados, asesinó a balazos a Javier Barrionuevo, en un corte de ruta organizado por el MTD Aníbal Verón. Bogado fue declarado libre de culpa y cargo. El 8 de abril de ese año fue creado el Consejo Nacional de Seguridad Interna. La idea era “conseguir gobernabilidad”. Así lo expresaba el entonces jefe de Gabinete, Carlos Capitanich, quien anunció un “mayor equipamiento” y una “mayor capacidad preventiva para el accionar de las fuerzas de seguridad en el conflicto social”.

Díez días más tarde, en una reunión presidida por el secretario de Seguridad Interior, Juan José Alvarez, se habló de un plan de “capacitación de cuadros” policiales en todas las provincias. El objetivo era claro: parar la protesta social a cualquier precio. El 15 de Abril, durante un corte en la municipalidad de Lanús, Juan Arredondo, del MTD Aníbal Verón, fue baleado en el pecho por un agente del Servicio Penitenciario. La “prevención” siempre tiene olor a pólvora.

El 14 de mayo, el propio Duhalde apadrinó un encuentro de gobernadores peronista en La Pampa. Otra vez el tema central fue la represión como idea aleccionadora. Había que evitar, a cualquier precio, que el pueblo movilizado tumbara a un segundo gobierno, que en su caso ni siquiera había sido elegido por las urnas. El 7 de Junio, Juanjo Alvarez reconoció ante la prensa que en Avellaneda se iba a poner en marcha un proyecto de trabajo “conjunto” entre las policías federal y bonaerense, con participación de las demás fuerzas de seguridad. Se quería impedir un acampe en la Plaza de Mayo de las organizaciones piqueteras, previsto para el 9 de Julio.

El lunes 17 de junio, Duhalde se reunió con su gabinete para analizar “la marcha de los planes sociales y la seguridad interna”. En conferencia de prensa, Duhalde amenazó: “Los intentos de aislar a la Capital no deben pasar más”. El 18 de junio, el jefe de Gabinete y hoy diputado, Alfredo Atanasof, presidió una nueva reunión, con el mismo fin, de la que participaron el ministro de Justicia, Jorge Vanossi, el procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, y el fiscal Norberto Quantin, que la jugaba de “progre”.


La agencia Infosic dijo en un cable que en ese encuentro “el gobierno nacional, la justicia y las fuerzas de seguridad avanzaron (…) en la definición de las directivas que deberán acatar jueces, fiscales y efectivos uniformados para prevenir y dispersar protestas como los piquetes y otras acciones que interrumpan el tránsito en vías estratégicas”. La agencia citaba “fuentes oficiales”.

El miércoles 19, Atanasof se subió de nuevo al caballo: “Esto es una suerte de guerra de unos contra otros”, dijo en conferencia de prensa. Advirtió que “en el marco del caos sólo gana el caos”. Dijo que en las sucesivas reuniones se buscaba establecer “un mecanismo de coordinación que nos permita proteger el derecho de las personas a su desplazamiento”. Por la noche, Duhalde cenó con los jefes de las fuerzas armadas y con el ministro de Defensa, el radical Horacio Jaunarena, que desde las épocas de Raúl Alfonsín piensa como un militar más.

Desde los Estados Unidos, el ex presidente Carlos Menem aportó lo suyo. Llegó a decir que las calles de la ciudad de Buenos Aires estaban “tomadas por los marxistas y la delincuencia”. Cuerpos de elite del ejército de los Estados Unidos, instructores de los famosos “boinas verdes”, realizaron en esos días curiosos ejercicios en estaciones ferroviarias y de la red de subterráneos, acompañados por grupos especiales de la Federal. El 14 de junio se hizo un simulacro de recuperación de la embajada norteamericana, tomada por las hordas marxistas. Para despejar toda duda, el canciller Carlos Ruckauf dijo que estaba dispuesto a firmar, de ser necesario, el mismo decreto que en 1975 dio la orden de “aniquilar” a la guerrilla y a todo foco de resistencia popular organizada o no.


La justicia, a fojas uno


Por todo lo expuesto, puede afirmarse que la del puente Pueyrredón fue una masacre anunciada. El 9 de enero de 2006, el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta fueron condenados a prisión perpetua como coautores de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Los oficiales Félix Vega, Carlos Quevedo y Mario de la Fuente recibieron penas de cuatro años, por encubrimiento agravado; Gastón Sierra y Lorenzo Colman, de tres y dos años, por el mismo delito, y Celestino Robledo apenas tuvo una condena de 10 meses “en suspenso”, sin aplicación efectiva. En diciembre del año pasado, el policía Carlos Leiva, que antes no fue juzgado porque estaba prófugo, fue penado a seis años y seis meses de prisión por ser responsable de tres intentos de homicidio. El fue uno de los que anduvo a los tiros contra los manifestantes, el 26 de junio de 2002.

El caso Leiva demuestra que la represión había sido orquestada. Ese día, con uniforme, Leiva estaba custodiando un banco. Cuando comenzó la represión se sumó a la misma, pero vestido de civil. En la tarea estuvieron todas las fuerzas de seguridad y también la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), cuyos jefes eran entonces Carlos Soria y Oscar Rodríguez. En los últimos tiempos, Rodríguez fue visto al lado de Eduardo Duhalde, lo que demuestra que sigue siendo su mano derecha. Muy derecha.

 

 

En cuanto a Soria, que antes estuvo en la cartera de Defensa o en la Comisión de Defensa del Congreso, antes de llegar a jefe de la SIDE, en el juicio por la Masacre de Avellaneda, llegó a decir que el organismo de Inteligencia sólo se dedica a colectar “información producida por los distintos medios de comunicación para analizarla”, como si se tratara de una escuelita de periodismo. Respecto de lo ocurrido el 26 de junio de 2002, aseguró que la SIDE no había realizado “ningún tipo de tarea relacionada al planteamiento de hipótesis o conjeturas sobre ningún hecho”. Sin embargo, el 8 de abril de 2002, cuando se anunció la creación del Consejo Nacional de Seguridad Interna, los medios de prensa dijeron que la iniciativa obedecía al alerta que había dado la SIDE, a través de un informe sobre el nivel de actividad de los movimientos sociales.

En la parodia de la SIDE tuvo un alto grado de participación el actual presidente Néstor Kirchner. El ampuloso anuncio del gobierno K. sobre la supuesta apertura de los archivos de la central de inteligencia formó parte de la farsa. Al Tribunal Oral 7 de Lomas de Zamora, que juzgó a Fanciotti y compañía, apenas llegaron 140 fojas con un informe cuyo contenido sólo podían conocer las partes. Difundir esa información está penado por la ley. Esto significa que, en el supuesto de que esas páginas digan algo muy grave, el pueblo no se va a enterar de ninguna manera.

Uno de los hacedores políticos de la masacre, el ex secretario de Seguridad Juanjo Alvarez, fue escrachado por el gobierno de Kirchner como agente de la SIDE durante la dictadura militar. El recurso fue sólo electoral, para quitarle respaldo a la candidatura a presidente del ex ministro de Economía Roberto Lavagna, a quien se había sumado Juan José Alvarez. Si se siguiera el mismo criterio con otros políticos en boga, tal vez se llegaría a descubrir que la lista de agentes encubiertos es interminable. Y hay que recordar que la SIDE depende exclusivamente del presidente de la Nación, en este caso el mismo Néstor Kirchner que presume de reivindicar la lucha de los setenta. Si abriera los archivos, muchos de los crímenes políticos podrían conocerse y castigarse.



¿Y ahora qué?


Hace un año y medio, cuando condenó a Fanciotti y compañía, el Tribunal Oral 7 ordenó investigar los apremios ilegales cometidos en las comisarías, el 26 de junio de 2002, contra los cerca de 200 manifestantes que fueron detenidos. Apenas unos 30 de los detenidos se presentaron a declarar para denunciar que habían recibido golpes hasta llegar a desfigurarles la cara, amenazas de ser sometidos al “submarino seco” (le colocan una bolsa de nylon en la cabeza) como en los centros clandestinos de detención de la dictadura militar y maltrato a unas 50 mujeres, siete de ellas embarazadas. Claudio Pandolfi, que representa a las víctimas, aclaró que hasta ahora “no hubo ninguna medida concreta de investigación de esos hechos, al punto que ni siquiera se llamó a los testigos para que ratifiquen los hechos que habían denunciado”.

Esta causa tampoco se movió. Alberto Santillán, el papá de Darío, sigue pidiendo justicia: “El gobierno de Kirchner es culpable también por la forma en que manejó el tema de los archivos de la SIDE. Todos los políticos quieren que esto quede como está. A nadie le conviene que se condene a los políticos como responsables de la represión. Son ellos los que dieron la orden, los que la organizaron, pero ellos nunca van a pagar porque la Justicia mira para otro lado. Por eso, lo único que nos queda es la movilización popular, como forma de hacer tomar conciencia al resto de la sociedad y que el puente Pueyrredón se llene de manifestantes en este quinto aniversario”.

También deberían ser juzgados el ex ministro de Seguridad y Justicia bonaerense Luis Genoud, el ex ministro del Interior Jorge Matzkin, el ex ministro de Justicia Jorge Vanossi y el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá. Todos se alinearon detrás de la frase convocante del ex presidente Eduardo Duhalde: “No lo vamos a permitir más (hablaba de los piquetes). Hay que ir poniendo orden”.