La lluvia paró. Las últimas gotas caen de los techos de las casas de Laguna Blanca, Catamarca. La tierra es lodo y los arroyitos removieron las rocas. Es hora. Los jóvenes salen en busca de alguna vasija, un tallado sobre piedra, o algo. Saben que tienen que ser cuidadosos, cualquier rotura hará que su esfuerzo valga menos. Estos recolectores de piezas arqueológicas, adolescentes en su mayoría, son los llamados huaqueros, el primer eslabón de un negocio ilegal que mueve millones de dólares en el mundo.

La diferencia entre lo que se paga por una pieza en su lugar de origen y su precio en el mercado negro es abismal. Además, el mismo objeto puede tener muchos valores según su significado: mientras que los pueblos originarios reclaman por lo que constituye parte de su identidad, el Estado argentino los cataloga como bienes culturales que son de su propiedad privada, y, por último, para los grandes traficantes, solo son una mercancía más.

América Latina atesora bienes arqueológicos de altísimo valor. México, Perú, Bolivia, Chile y Argentina son países que se destacan por la cantidad y calidad de estas piezas.

Dentro de nuestro país, el noroeste es la zona más rica en material arqueológico. Sin embargo, y a pesar de las políticas estatales no se puede frenar el drenaje ilegal. El tipo de cambio alto y las débiles políticas oficiales se combinan para que valiosos objetos y, hasta cuerpos humanos momificados, sean vendidos y comprados en el mercado negro.

“Los precios dependen de la calidad. Lo más buscado son las momias, la pieza puede costar entre 500 a 5000 dólares. Es muy apreciado todo que tenga forma humana, en general desnudos”, aseguran fuentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) Argentina. Estas piezas arqueológicas se venden por lote y hasta se realizan descuentos por cantidad.

Asimismo, se efectúan en promedio 10 allanamientos por año, en su mayoría los materiales salen por Buenos Aires y Ezeiza. En cada uno de estos procedimientos se recogen alrededor de 100 a 200 piezas que son transportadas al Instituto de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Allí se discrimina el material arqueológico de las cosas falsas y pasan a ser propiedad del Estado, que decide exhibirlas o no. Los traficantes también venden artesanías a las que le hacen un proceso de envejecimiento para valorizarlas dentro del mercado negro, aseguran fuentes policiales.

Si bien es difícil generalizar, según las investigaciones, el recorrido habitual de este negocio comienza con los llamados huaqueros, luego pasa a manos de algún falso coleccionista de Buenos Aires, y de éste llega a un traficante internacional. Salta y Catamarca, entre otras provincias del noroeste, son las más saqueadas por los traficantes arqueológicos, mientras que las provincias del sur son rastrilladas en búsqueda de material paleontológico. Europa es el destino final del tráfico arqueológico y Estados Unidos es el principal comprador de bienes paleontológicos, “sobre todo después de la película de los dinosaurios”, especulan en INTERPOL.

Un sitio arqueológico es una zona donde se encuentran piezas enterradas, asentamientos antiguos, cementerios, ciudades o pueblos enteros. Las cerámicas tienen valor, según la época, la calidad, y su estado.

El director de Patrimonio Cultural de Salta, el arquitecto José Neibur explica que es “es muy difícil combatir excavaciones clandestinas. Los merodeadores trabajan todo el tiempo. El gobierno no puede tener una persona en un cerro pelado las 24 horas. El mayor control y vigilancia de las piezas la hace la población”. Las autoridades especulan que en Salta hay aproximadamente tres mil sitios arqueológicos, algunos investigados y otros no. “Se pueden controlar solo los sitios ya estudiados”, se sincera el funcionario. “Hay coleccionistas que compran las piezas y algunos museos europeos con presupuestos importantísimos tienen piezas de Bolivia y Perú, aunque no son los máximos compradores”.

Argentina es parte firmante la Convención de la UNESCO sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales que se rubricó en 1970. Este acuerdo implica devolver a otros estados materiales que hayan sido robados de museos o adquiridos por medio del tráfico ilegal.

Dentro de las políticas oficiales adoptadas luego de la firma del pacto, se encuentra la creación del Comité Argentino de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, que coordina la Dirección Nacional de Patrimonio y Museos de la Secretaria de Cultura de la Presidencia de la Nación. Este comité realiza actividades de protección de bienes arqueológicos y paleontológicos a través de un registro nacional, lleva a cabo campañas de difusión sobre prevención y lucha contra el tráfico ilícito, y creó la llamada “Lista Roja” de bienes culturales argentinos en peligro de tráfico ilícito que conforma la “Lista Roja internacional”.




“Una cosa es la ley y otra la legitimidad”


La Arqueología, que estudia el pasado del hombre, intenta reconstruir las formas de vida de las sociedades antiguas, investiga tanto los restos materiales que se conservaron hasta el presente como su relación con el entorno natural. Los arqueólogos trabajan desde las selvas hasta los polos, desde el fondo del mar hasta las altas montañas, buscando rastros de alguna cultura. Entendiéndose esta como un grupo social que tuvo un desarrollo material en un determinado tipo de asentamiento a lo largo de un periodo y un espacio.

La licenciada Norma Ratto, investigadora docente de la Universidad de Buenos Aires de la Facultad de Filosofía y Letras, y docente de la Universidad de Catamarca en la Escuela de Arqueología, sostiene que la ley actual de patrimonio no protege si no “viene de la mano de la educación”. “El criterio es valorar para proteger”. En su tarea cotidiana los docentes de la universidad de Catamarca se encuentran en permanente relación con los pobladores de las comunidades de altura. Muchos de ellos pertenecen a las etnias collas y diaguitas, y son ellos mismos los que saben identificar cuando una pieza puede tener valor en el mercado negro. Para realizar investigaciones se depende del estado de conservación de estos sitios arqueológicos. “Un sitio arqueológico es un libro al que si le rompés las páginas después nos sabes el comienzo y el final”, sintetiza la antropóloga. Además, asegura que el tráfico comienza “por el bolsillo”. Es por eso que propone al turismo cultural como una posible vía de desarrollo económico. “El turismo cultural traería una mejora en la calidad de vida. No solo es cuestión de generar el trabajo, porque muchas de las opciones laborales que se les ofrecen a los pobladores de estas zonas están relacionadas con tareas descalificadas. Hay que poner en valor sus propios conocimientos técnicos, como por ejemplo la realización de cabalgatas en zonas montañosas, la artesanía, las comidas regionales, es que lo que los miembros de las comunidades de altura saben hacer. Traería el beneficio de la conservación y restauración de sitios arqueológicos que se integrarían al aparato productivo, desde el pasado para el presente”, sostiene la especialista.

La Puna, Pre-Puna y Alto Andino constituyen una zona ecológica ubicada al oeste de Catamarca y abarca las localidades de Santa María, Belén, Antofagasta de la Sierra y Tinogasta. Por estos pagos, las lluvias escasean, de día el calor ahuyenta hasta a los burros, pero apenas el sol se esconde detrás de las sierras, la temperatura obliga a emponcharse. El viento sopla fuerte y erosiona los suelos sin piedad. Los pastores de llamas y ovejas visitan los cerros y pequeñas montañas que nunca son de su propiedad. Las familias están compuestas por muchos miembros, en su mayoría mujeres jefas de hogar, ya que los hombres migran hacia donde corre algo de dinero. Estas familias se sustentan a través del pastoreo, el tejido y agricultura rudimentaria, elaboración de maíz, papas y habas para su propio consumo.

Es por eso que Ratto propone trabajar con los huaqueros “para que se integren y vean el daño que se hace. Una vez concientizados pasan a darte información, ellos son los que conocen su ambiente. En la localidad de Palo Blanco gracias a las intervenciones con huaqueros ‘conversos’ se conformó una comunidad arqueológica que trabaja activamente. Ellos saben quién tiene las piezas, investigan su procedencia y tratan de que se donen al museo. Los sábados salen a caminar por el cerro y cuando encuentran un sitio nuevo, avisan”, cuenta la docente orgullosa.

Si bien la difusión y exhibición de bienes culturales es tomada según el criterio internacional, al que adhirió la Argentina, como una forma de prevención de su tráfico ilícito, antropólogos y representantes de las comunidades originarias del país se oponen a este mecanismo en el caso de los restos humanos. Esta discusión se acentuó en 1999 cuando se produjo el descubrimiento de los niños del Llullaillaco, tres momias enterradas hace alrededor de cinco mil años que fueron retiradas de sus tumbas y expuestas en el Museo de Alta Montaña de Salta creado especialmente para su difusión. (ver nota relacionada “Los niños del Llulliallaco”). La discusión filosófica sobre la utilización o no de los cuerpos momificados se expresa también en términos económicos. ¿Quién es su dueño? ¿Las comunidades originarias que los reclaman como parte de su pasado y presente? ¿El estado provincial? ¿Los traficantes?

Por un lado, la posición oficial sostiene que este museo atraerá al turismo y propiciará el interés por estas culturas. “La colección de objetos de tres momias, según la ley provincial, es patrimonio de la provincia de Salta, que asume la responsabilidad, lo incorpora al patrimonio, construye el museo para albergarlas y las pone a disposición del público. La función del museo es educar y difundir el valor de lo patrimonial. El museo es un ejemplo conducta de lo que hay hacer”, sostiene el licenciado en museología y director de la entidad Gabriel Miremont.

En tanto, representantes de las comunidades originarias y algunos antropólogos se oponen a esta práctica. Raúl Fernández es colla y pertenece al Movimiento por los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios Chauar. Sostiene que la exhibición de las momias “es como si el Estado levantara a una familia de un cementerio católico y la llevara a un museo. Una cosa es la ley y otra la legitimidad. Cuando se descubrieron las momias, algunos miembros de los pueblos originarios interpelamos al gobierno provincial, fuimos a la fosa con antropólogos de Salta, hicimos la denuncia, pero las expusieron igual. Es una violación”.

Fernández también denuncia otro tipo de tráfico: el legal. “En toda la zona de Orán, Tartagal y Mosconi no hay control sobre el comercio de artesanías que a los collas les lleva diez días elaborarlas manualmente y se las compran por un peso por docena para después venderlas en los shoppings de Buenos Aires a 15 pesos cada una”. El activista relata que la mayoría de los pobladores de esta zona no tienen agua, son cazadores y recolectores y no tienen un medio de supervivencia estable. Enfatiza que con el crecimiento del turismo se comercia más las artesanías y las leyendas precolombinas estampadas en las remeras “pero sólo hay un usufructo, no hay una valorización de estas culturas”.

La antropóloga Norma Ratto coincide con Fernández. “Ellos los consideran sus antepasados directos. Es como si a mi abuela la pusieran en una vitrina. En algunos lugares se corta la relación entre la cultura ancestral y los actuales descendentes, y en otros no. No hay recetas, depende en cada situación, entre las comunidades de arqueólogos tampoco hay acuerdos manifiestos”. “Se tiene que manejar con cada comunidad, consultar si se está de acuerdo o no. Si los pobladores se oponen a la exposición no hay que hacerlo. Yo no quiero a mi abuela en una vitrina. Hoy se pueden hacer manejos escenográficos, utilizar la tecnología con creatividad visual y gráfica para montar situaciones. Se pueden hacer símiles, holografías, hay otros medios técnicos, no necesitas estar mostrando los cuerpos”, opina la especialista.

En tanto, el arquitecto José Neibur, sostiene que estos cuerpos “son elementos de investigación y exposición. Son las momias mejor conservadas del mundo y las más cuidadas por el gobierno de Salta con el mayor de los respetos. Están ubicadas en cámaras especiales”, argumenta el funcionario. “Su estado de conservación es óptimo, no tenemos ningún tipo de problemas con las comunidades originarias”. Además, agregó que “las excavaciones se hacen con permiso de la división cultura a profesionales y estudiantes de universidades para que hagan investigación científica controlada. Esto no es saqueo. Las piezas son propiedad de la provincia”.

Jorge Ravazza, profesor de Historia del Arte de la UBA, especializado en arte precolombino, sostiene que “con las piezas también pasa lo mismo”. “Son reclamadas por los pueblos indígenas, pero si se restituyen pueden pasar a ser parte del tráfico porque muchos de los pobladores están en condiciones económicas desastrosas. Se da la paradoja de que muchos de los huaqueros son indígenas. Los mismos coleccionistas provinciales tienen entrenados a pibes que cuando llueve se destapan ruinas y piezas, van las sacan y se las llevan. Los coleccionistas terminan siendo directores de los museos provinciales arqueológicos, y su colección es más importante que la del estado y cuando cae una pieza importante se la quedan ellos, no hay registro en los museos municipales o provinciales. Eso no es considerado tráfico porque no se vende al exterior, solo son depositarios”.

Ravazza cuenta que en Catamarca un coleccionista entrenaba a los chicos en técnicas de extracción de piezas. “Si a una vasija la sacás directamente estalla, hay que prenderle fuego adentro para que compense las presiones que hace la tierra alrededor, al sacar la tierra de adentro la presión la puede romper, es toda una operación para que la pieza se salve. Este coleccionista es abogado, tiene plata, y fue director de un museo”.