Un breve balance de los dos años de gobierno, dejan un saldo algo difuso. Si en términos económicos el Movimiento al Socialismo (MAS) está lejos de romper con la estructura neoliberal que caracterizó a los anteriores gobiernos, en materia de salud, educación, y asistencia social las diferencias son claras.  

Los indicadores económicos del año 2007 mostraron que el Estado acrecentó sus ingresos y se enriqueció, que las empresas extranjeras y nacionales son cada vez más prósperas, pero que la gente de a pie se empobrece y consume menos.

A mediados de ese año el propio Ministerio de Hacienda suministraba los siguientes datos: los ingresos tributarios del Estado rompieron un nuevo récord histórico ya establecido en el 2006 y aumentaron 11,2 por ciento en el 2007, mientras que las ganancias de las empresas, declaradas por los mismos empresarios, crecían en 20,1 por ciento, a la par que caía el ingreso real de los trabajadores en por lo menos el 7 por ciento.

 

 

 

En un escenario de estas características, al que debemos sumarle una nacionalización light de los hidrocarburos, y una reforma agraria claramente moderada, llama la atención la intransigencia con la que los Prefectos del Oriente boliviano enfrentaron desde que asumió, pero muy especialmente en torno a la Reforma de la Constitución, al gobierno de Evo Morales.

La base de la estructura económica y el lugar de Bolivia en la economía mundial encuentran actualmente su eje en el Oriente autonomista, que posee las principales reservas gasíferas, y el 70% de las reservas mundiales, ubicadas en el yacimiento de hierro El Mutún. Allí se desarrollan además actividades agroindustriales con una estructura de propiedad de la tierra muy concentrada, latifundista.

Un informe realizado por Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), publicado los primeros días de enero de este año, resalta que 100 poderosos clanes familiares controlan en Bolivia la agroindustria, el comercio exterior, la banca y los grandes medios de comunicación. Estos clanes familiares han edificado un creciente poder económico y político, manejando a su antojo las principales organizaciones empresariales, cívicas e incluso populares de las regiones orientales y del sur del país (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija). Reforma Agraria de por medio, tienen en sus manos 25 millones de hectáreas, cinco veces más que los 2 millones de campesinos que trabajan en otras cinco millones de hectáreas y que subsisten a duras penas en los minifundios.

No sólo ninguno de estos intereses fueron afectados por el gobierno de Evo Morales, sino que además el vicepresidente Álvaro Gracia Linera, dejó en claro en varias oportunidades que el sistema que buscan en Bolivia no es el socialismo, sino el llamado  “capitalismo andino amazónico”. En sus propias palabras, la gran industria en Bolivia debe aprender a convivir con “formas de autoorganización y de desarrollo mercantil propiamente andino y amazónico”. Entonces ¿A qué se oponen las 100 familias más ricas del segundo país más pobre de América Latina?

Aunque para algunos pudiera parecerles una paradoja es justamente contra el tipo específico de capitalismo propuesto por el MAS que se rebelan. O sea, a la convivencia con esa Bolivia indígena explotada y destinada a la pobreza durante 500 años.   

Tan sólo como uno de los ejemplos de las políticas de inclusión de los sectores sociales e indígenas que las clases dominantes jamás van a tolerar, se encuentran las políticas del gobierno en materia educativa. Un total de 109 municipios ya fueron declarados territorios libres de analfabetismo en 21 meses de campaña masiva en el país, según el Programa Nacional de Alfabetización del Ministerio de Educación y Culturas (PNA). Se espera que durante este año más de 221 mil personas iletradas sean alfabetizadas. Si esto sucede, a fines del 2008 Bolivia estará en condiciones de ser declarada territorio libre de analfabetismo, la tercera después de Cuba (1961) y Venezuela (2005), según el PNA.

Aún hay en este país 222 mil iletrados en los nueve departamentos. Para alcanzar la meta de este año se terminarán de activar los 53 mil puntos de alfabetización, se distribuirán 386 mil lentes a iletrados y se instalarán 6 mil paneles solares en el área dispersa.

La reforma de la constitución propuesta por el gobierno, hoy prenda de negociación con los prefectos en las reuniones que se vienen realizando en La Paz, abona esta hipótesis. No hay dudas que el aspecto más progresivo para los trabajadores, campesinos y el pueblo boliviano se encuentra en el reconocimiento constitucional de las mayorías originarias, de sus modos de gobierno, de sus idiomas declarados como oficiales, de sus costumbres culturales, y principalmente sus relaciones de producción, ya que se reconocen 3 formas de organización económica (comunitaria, estatal y privada) con igualdad jurídica ante la ley. No interesa que esta integración a la vida política de los pueblos indígenas sea en el marco del socialismo o el capitalismo, es evidente que la integración en sí misma es la que no pueden tolerar los sectores ricos de Bolivia.

En definitiva, la consigna del poder económico concentrado en Bolivia podría ser “Ni socialismo, ni capitalismo andino amazónico, ¡capitalismo neoliberal!” Según su mirada racista, colonialista y de clase, un “Indio” nunca podría llevarlo adelante, y mucho menos ser la máxima autoridad de “su país”.