No hay errores ni excesos Luego del asesinato del docente neuquino Carlos Fuentealba a manos de la Infantería de la provincia, surgió una vez más como explicación la teoría del policía “loco”. Pero la cantidad de hechos represivos relevados durante la vigencia del Estado de derecho, y la diversidad de fuerzas de seguridad implicadas en los mismos, lejos de darle sustento, emparenta este tipo de análisis con la ya conocida explicación de los errores y excesos que circuló luego de la dictadura militar. | 
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Torturas en cárceles y comisarías, represión y criminalización de la protesta social, persecución política, judicial y parapolicial a los luchadores sociales, desapariciones, y represión “preventiva” a quien cumple con el explosivo requisito de ser joven y pobre, son algunas de las formas que asume la represión aún en democracia. Según un informe difundido por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) a fines del 2006, una persona muere cada dos días víctima de la represión estatal. Según esta organización desde que el presidente Néstor Kirchner asumió el poder el 25 de mayo del 2003 hasta la publicación del informe se registraron 662 casos, mientras que durante los tres primeros meses del año 2007 ya son 27. Durante el período 2003-2006 el mayor porcentaje de las muertes (42,04%) se produjeron en cárceles y comisarías por hechos de torturas seguidas de muerte. Las pérdidas de vida durante las protestas sociales, en cambio, representan sólo un 0,15 por ciento. A pesar de que este porcentaje parece menor, si comparamos enero del 2006 con el mismo mes del 2007 se ha producido un aumento de la conflictividad social, de las marchas y movilizaciones sociales, de los conflictos obreros en el campo popular y la respuesta del gobierno nacional no ha variado: sigue siendo la represión.  El uso de la violencia como política de Estado para el control social, queda en evidencia cuando los datos relevados indican que la misma no diferencia ni entre provincias, ni entre la fuerza responsable del hecho. Según la Correpi, en 2006 la Bonaerense intervino en la mayoría de los casos (el 47,44 por ciento) y le siguieron en orden las de Santa Fe (11,93) y Córdoba (8,85). Pero si se distribuyen los episodios en proporción a la población de cada provincia, se descubre que el fenómeno represivo se extiende de manera homogénea a lo largo y a lo ancho del país. De las muertes ocurridas durante 2006, el 68,13% fue resultado de la intervención de las distintas policías de todo el país. En los servicios penitenciarios se produjeron el 15,58% de las muertes, mientras la Policía Federal es responsable del 9,63%, la seguridad privada del 2,03%, la Gendarmería del 1,61% y Prefectura Naval del 1,09%. Los siguientes son sólo algunos de los hechos que durante el año 2007 continúan demostrando el carácter sistémico de la represión estatal: SALTA. Marzo 2007. El gobierno del peronista Juan Carlos Romero ordenó a la Infantería de la provincia reprimir a los pobladores kollas de la ciudad de Santa Victoria Oeste, porque organizaron la proyección de la película Insurgencia Aymara. Secuestraron el film. JOSE LEÓN SUÁREZ, SAN MARTÍN, Prov. de Bs As. Abril 2007. La Policía bonaerense desalojó a fuerza de balas de goma y gases lacrimógenos a más de 200 familias que vivían en un basural en José L. Suárez. Luego del desalojo, la policía tiró abajo las casillas con las topadoras y niveladoras de terreno. CAPITAL FEDERAL. Abril 2007. Prefectura reprimió a 40 ambientalistas de Gualeguaychú que se encontraban realizando una manifestación contra la instalación de la papelera Botnia en Entre Ríos en la Terminal de Buquebús. CAPITAL FEDERAL. Abril 2007. Frente a la Comisaría Nº 36, perteneciente a la Policía Federal fue asesinado el joven músico Eduardo Córdoba. Este fue llevado a la fuerza a la comisaría por un colectivero de la línea 76 luego de una discusión con el chofer. Durante tres días la policía negó y dijo desconocer datos sobre Eduardo y lo sucedido. La policía para justificar su accionar le imputó a Córdoba, Robo, asalto a mano armada y privación ilegal de la libertad en la persona del chofer del colectivo 76. PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Enero de 2007. La Red de Operadores de Calle de Zona Oeste, H.I.J.O.S., el Movimiento de Participación e Integración Social y la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste denunciaron, denunciaron por medio de un comunicado de prensa que la Gendarmería, la Policía Federal y el personal de seguridad privada interrogan, golpean, amenazan y fotografían a chicos en situación de calle y a usuarios de esa línea. NEUQUEN. Abril de 2007. En la localidad de Arroyito Infantería de la Provincia reprimió a los trabajadores docentes con gases lacrimógenos y balas de goma cuando intentaron cortar la Ruta 22, en el marco del paro Docente que exigía una recomposición salarias. Carlos Fuentealba fue asesinado durante esta represión, y varios docentes fueron herido por balas de goma. SANTA CRUZ. Mayo de 2007. Al cierre de esta edición, la Gendarmería e Infantería de la provincia reprimieron una marcha docente que se encontraba frente a una de las casas que la familia Kirchner posee en Río Gallegos, dejando como saldo cuatro maestros heridos. |
